El hecho ocurrió en la ciudad de Yapacaní, en el oriente de Santa Cruz, donde la menor se quedaba con su abuelo de 61 años porque sus padres viajaban con frecuencia por motivos de trabajo.

El caso de una niña de 11 años que fue abusada sexualmente en repetidas ocasiones por su abuelo y que provocó que su nieta quedara embarazada, ha causado conmoción y una nueva disputa entre quienes defienden el derecho de las menores para que pueda interrumpir el embarazo y quienes se oponen.

Según los informes, el hecho ocurrió en la ciudad de Yapacaní, en el oriente de Santa Cruz, donde la menor se quedaba con su abuelo de 61 años porque sus padres viajaban con frecuencia, lo que el sujeto aprovechó para abusar físicamente de la menor.

La niña le comentó a una prima: «Ella sintió un movimiento extraño en su abdomen”, dijo la familiar, por lo que se vio obligada a contárselo a la madre de la menor, por lo que esta última interpuso una denuncia.

Anna Paula García, directora ejecutiva del Hogar de Mujeres, dijo que el agresor fue sentenciado a prisión y la menor embarazada de 21 semanas fue trasladada a un hospital de maternidad en Santa Cruz.

 Según García, en un primer momento la madre de la niña utilizó la sentencia constitucional de 2014 para solicitar la interrupción del embarazo, que estipulaba que la víctima de violencia sexual puede tener un aborto sin orden judicial, independientemente del período de gestación; sin embargo, debido a lo que llamó “la injerencia organizada por la Iglesia Católica”, la mujer renunció a su decisión de interrumpir el embarazo de su hija, denunció García.

García explicó que “la menor le había dicho previamente al comité médico que no quería ser madre, por lo que recibió la primera dosis del fármaco para interrumpir el embarazo. Pero luego, un abogado entregado a la madre por una organización religiosa mostró una carta conmemorativa de retiro de la decisión y critica que era una carta manuscrita.

 La menor presuntamente afirmó que ya no deseaba someterse a una operación y que actualmente se encuentra paralizada la decisión en los tribunales bolivianos.

«Todo lo que le hagan a esta niña es un crimen, porque en un país justo, una niña no es una madre», dijo García.

Por el contrario, la Iglesia Católica abogó por «salvar, cuidar y amar la vida de ambas partes» en un comunicado, y lo está apoyando con los correspondientes «materiales, médicos, psicológicos y espirituales».

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