Las féminas pidieron a la Asamblea se retome el tema de la despenalización del aborto por cuatro causales.

El pasado martes 28 de septiembre fue el día mundial del aborto legal y seguro por lo que colectivos feministas del país salieron a marchar y exigir al estado la despenalización del aborto.

La marcha recorrió desde el parque Cuscatlán y se dirigió hacia la Asamblea Legislativa con el objetivo exigir a los legisladores ser escuchadas.

La marcha fue denominada a la reforma de Beatriz García, quien falleció tras el deterioro de su salud ocasionado por el lupus, la neumonía no fue tratada y luego sufrió un accidente de tránsito durante el 2017, luego de solicitarle al estado en el 2013 que le permitiera interrumpir su embarazado debido a que padecía de una enfermedad crónica y esto le fue negado.  

Las salvadoreñas buscaron entregar una propuesta de reforma para despenalizar el aborto; Morena Herrera  quien es defensora de los derechos humanos y colectiva feminista para el desarrollo local explicó que con la reforma del artículo 133 del Código Penal se busca que se establezca que la interrupción voluntaria del embarazo, con consentimiento de la mujer, no sea punible cuando esté en riesgo su salud y su vida, cuando hay una malformación congénita y cuando el embarazo sea el resultado de un acto criminal de violencia sexual. 

El artículo 133 de dicho código establece que “el que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de dos a ocho años”, señala la ley.

“Se les pide a los diputados que estudien nuevamente el código para que hagan un debate serio, libre, laico y la aprueben para garantizar lo minino con respecto a la salud y vida de las mujeres”, dijo la feminista.

Comentó que las mujeres también suelen sufrir de complicaciones durante la etapa de embarazo que suelen llegar a ocasionar un aborto espontáneo y natural, pero a pesar de esto las mujeres suelen ser las sospechosas de haberse practicado un aborto, llevándola a ser acusada por homicidio agravado recibiendo penalizaciones de hasta 30 años de cárcel.

Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, aseguró que “El Salvador está violentando de manera sistemática los derechos de las mujeres y las niñas al penalizar todo tipo de aborto, incluso las interrupciones por la salud de la madre, la vida inviable del feto, y la violación”.

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